Antes de enunciar otra propuesta de actuación para las autoridades laborales, considero indispensable subrayar la necesidad de que no solo los juzgadores deben adoptar medidas inéditas para la reanudación de sus labores, sino que también los litigantes deben reajustar varias de sus prácticas. Una vez más, conviene repasar el escenario actual. Hay 3 hechos a partir de los cuales no es esperable que la situación pueda volver a la normalidad.
1. De acuerdo a lo planeado por las autoridades federales y estatales, en octubre de 2020, 10 entidades federativas mudarán su sistema de impartición de justicia laboral a los poderes judiciales (local y federal). Otras 10 lo harán en poco menos de un año (entre ellas Morelos) y las restantes en 2022. Ante esta inminente decaimiento, en esas primeras 20 entidades no tiene mucho sentido invertir recursos en implementar sistemas informáticos propios (es decir, aquellos que permitirían hacer algunas actividades en línea) a estas alturas del partido si las Juntas están a punto de ser sustituidas. Más bien, corresponde ya a los poderes judiciales locales ir diseñando estrategias que tengan en mente la posibilidad de construir la infraestructura tecnológica para permitir el desahogo de muchas de sus funciones por medio de internet.
2. Además, debe recalcarse también que, si como hemos visto una y otra vez a lo largo del país, ni las autoridades sanitarias están recibiendo los recursos necesarios para hacer frente la pandemia, tampoco puede esperarse que a las Juntas lleguen suficientes recursos para implementar medidas de higiene: si ni el personal médico tiene tapabocas de calidad, difícilmente se dotará de ellos al personal judicial. El panorama tampoco es alentador a fin de esperar adecuaciones a las instalaciones, o sanitizaciones periódicas. Por otro lado, los riesgos de contagio seguirán presentes hasta en tanto se descubra una vacuna o medicamentos para contrarrestar al virus, para lo cual aun faltan varios meses.
3. En este contexto, es imperioso entender que los conceptos y figuras procesales que por décadas han integrado el derecho procesal no están pensadas para este escenario. Ni el legislador ni nadie podía imaginar una situación como lo que estamos viviendo. Idealmente, el legislador tendría que realizar ajustes a todas las leyes para validar, facilitar o permitir actuaciones mediante el uso de las tecnologías de la información. Sin embargo, el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión es hasta el primero de septiembre y no se ve mucho apuro en los legisladores por crear ajustes normativos.
De este modo, las opciones se angostan. No hay dinero (para mejorar los servicios, porque siempre hay recursos para favorecer a los amigos/parientes de los ejecutivos, o para publicidad), no hay reformas legales y no hay cura para el coronavirus. Ninguno de estos factores pasan por las manos de quienes laboramos en una Junta.
Por otro lado, los funcionarios seguimos cobrando nuestro salario y no tenemos el mismo apuro que los litigantes ni que las partes. En esta medida, los más interesados desde un punto de vista personal para que las Juntas reabran sus puertas son los propios justiciables. Así, aunque no sea por el bien común ni por preservar el “estado de derecho”, los litigantes tienen un fuerte incentivo para coadyuvar en encontrar salidas a la situación en que nos encontramos.
(continúa en el siguiente texto).
[Publicado originalmente el 12 de mayo de 2020 aquí]