La reforma judicial que, entre otras cosas, implica la posibilidad de remover a todas las personas juzgadoras del país se materializó sin que hubiera pruebas contundentes de la necesidad de tomar tal medida, de corrupción o derroche de dinero público. Los únicos “datos” que fungieron como fundamento para este cisma judicial fueron las opiniones del ex ahora ex presidente. Vaya, hasta la representación mexicana ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos admitió que “no existe un diagnóstico” que justificara la reforma. Se impuso la voluntad de una persona.
En este escenario donde el capricho y la arbitrariedad guían a las cabezas de nuestro gobierno, ¿qué nos queda a quienes, sin ningún otro blasón más que el ser habitantes de México, queremos pensar la rendición de cuentas o el análisis del quehacer judicial con datos e información fiable?
Hace casi dos años hice un ejercicio de análisis de la labor de dos tribunales laborales federales, ambos operando en el estado de Morelos. El objetivo era utilizar una variable (en ese entonces el número de asuntos nuevos a los que se daba trámite en un período determinado) para comparar el quehacer de dos tribunales con cargas de trabajo, personal y recursos similares. Ese breve comparativo mostró una disparidad de eficacia bastante notoria.
Antes de que iniciara el paro nacional del poder judicial federal, utilizamos otra variable para ahondar en el comparativo. Esta vez, recolectamos datos sobre cuántas sentencias y convenios se habían emitido o generado a lo largo del primer semestre (enero-junio) de 2024. El resultado se aprecia en la siguiente tabla y los datos específicos (obtenidos de las listas de acuerdos publicadas por ambos tribunales) se pueden consultar en las tablas de excel almacenadas en este link.
| Tribunal laboral federal: | Convenios: | Sentencias: |
| Primero | 39 | 42 |
| Segundo | 38 | 72 |
¿Cuáles son los resultados de este segundo ejercicio? Por un lado, se aprecia que el número de convenios celebrados es casi igual (solo uno de diferencia); desde luego, es difícil saber qué motivos provocan que las partes se arreglen, pero en general puede afirmarse que esos convenios dependen sobre todo de su disposición.
Por otro lado, donde sí existe una diferencia notoria es en el número de sentencias emitidas, pues un tribunal dictó 30 sentencias más que el otro, es decir, tuvo una productividad en este rubro de casi un 70% mayor. Así, en condiciones semejantes, un tribunal entregó mejores resultados que otro con una diferencia notable. ¿Por qué?
Gracias a mi experiencia propia y la de colegas del foro, he podido conocer anécdotas que retratan el modo en que actúan quienes encabezan los tribunales, así que tengo una idea de los motivos. Pero lo relevante no es la hipótesis personal que yo pueda tener, sino que lo es saber cómo el propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF) evalúa a los tribunales y qué acciones toma para enmendar lo que no marcha bien.
En ese sentido, las estadísticas simplonas que un ciudadano como yo puedan generar palidecen frente a las que tiene el CJF. ¿Qué hacen con la información? ¿Qué estrategias implementan para mejorar la situación?
En el caso concreto, ocurrió que la persona titular del tribunal con números más bajos fue enviada a otro estado. ¿Es esta una solución adecuada? ¿Se tomarían medidas para que los malos resultados no se repliquen ahora en otro estado? ¿El origen del problema era remediable o no?
Como defensor de personas trabajadoras, no considero que las soluciones a este tipo de situaciones pasen por correr a la gente. De hecho, pensar eso nos pondría en la misma postura que la asumida por el partido en el poder y su nefasta reforma judicial. Pero despedir a quienes encabezan un tribunal no es una solución verdadera. ¿Por qué, para empezar, se eligió a una persona quizá no apta? ¿Cuándo la responsabilidad principal recae en la cabeza y no en el personal? ¿Cómo replicar experiencias exitosas y cómo inhibir malas prácticas? Nadie llega a un tribunal dominando su quehacer, ¿cómo se acompaña el desarrollo y se incentiva el crecimiento profesional de las personas juzgadoras?
No son preguntas de respuestas fáciles. Lo que quiero recalcar por el momento es que ni el CJF parecía tener el camino claro ni mucho menos lo tienen los implementadores de la reforma judicial.
Lo más terrible, al final, es que las personas de a pie, el “pueblo”, terminamos padeciendo las consecuencias. La impartición de justicia es en general lenta, muchas veces de mala calidad. Para revertir esas tendencias se requiere de un trabajo continuo de años, de no poca imaginación para encontrar soluciones y de un cúmulo de factores más que la reforma ni siquiera insinúa.
Se habían dado muchos pasos en el poder judicial federal para mejorar los problemas vinculados con la impartición de justicia. Ahora esos pasos parecen desvanecerse sin que haya otros claros a la vista para pulir esas prácticas cotidianas con las que se entreteje la buena o mala marcha de un tribunal. Las grandes reformas legales y hasta constitucionales terminan por ser discursos huecos si no aprendemos a domar al diablo que se solaza en los detalles. Nunca hemos sido muy buenos para eso, y parece que lo seremos aún menos.
Este texto fue hecho gracias a la colaboración de la estudiante en derecho Karen Sofia Andrade Angelino, quien recopiló los datos públicos aquí contenidos.