Una de las grandes apuestas del nuevo diseño de la justicia laboral es que la conciliación como instancia prejudicial consiga que un porcentaje mayúsculo de asuntos pueda ser arreglado sin necesidad de acudir a un juez. De no conseguirse este objetivo, es muy probable que el sistema judicial sea incapaz de resolver el número elevado de juicios laborales que suelen presentarse cotidianamente (como se aprecia en el esquema actual), y que los retrasos se conviertan nuevamente en algo habitual. ¿Se logrará alcanzar esta finalidad? En el siguiente par de textos abordo dos perspectivas distintas para responder esta pregunta.
La visión pesimista
Presento aquí un par de motivos por los que, a mi parecer, podría no cumplirse con el objetivo. Evidentemente espero que no sea así, pero conviene tener en cuenta las dificultades que se avecinan para poder ajustar la estrategia.
Problema 1. Los intereses de los abogados. En muchas ocasiones, los litigantes no facilitan los procesos de negociación, pues consideran que no les conviene desde un punto de vista económico.
En el caso de los abogados de trabajadores, debe empezar por reconocerse una realidad: millones de personas trabajadoras cuentan con prestaciones mínimas y salarios raquíticos. Por ello, muchos de quienes las representan consideran que arreglar rápido y barato un asunto no es negocio, y que lo es en mejor medida esperar el resultado final del juicio para así aspirar a condenas más cuantiosas. Su incentivo es ir por todas la canicas pues en esa medida pueden obtener mayores ingresos, ya que por lo general los abogados cobran un porcentaje de lo obtenido. Este esquema de cobranza sobre resultados amplía la posibilidad de que más trabajadores puedan contratar a un abogado para defender sus derechos, pero a la vez genera dinámicas como la descrita.
En el caso de los abogados patronales, algunos pueden tener sus propios incentivos para no conciliar, dependiendo del modelo de negocios con el que cuenten. Si sus servicios los cobran por audiencia o por horas, un arreglo veloz no les es redituable: mejor alargar el juicio y seguir cobrando. Otra estrategia común es la de aspirar a cansar a los trabajadores con el afán de que en algún momento acepten una propuesta económica pequeña que les haga quedar bien con los clientes.
Por supuesto, hay litigantes que no llevan a cabo esta clase de prácticas, pero hay los suficientes como para temer que se constituyan en un obstáculo real para que muchas conciliaciones prosperen.
Problema 2. Los órganos de conciliación. Aquí puede residir el mayor problema, sobre todo a nivel estatal. En las últimas décadas ha quedado claro que un rasgo compartido por todos los partidos políticos es su afán por cooptar todos los puestos posibles de gobierno con sus partidarios, con “su gente”. Esta práctica ha impedido fortalecer el servicio civil de carrera y ha provocado que en muchas ocasiones las instituciones sean encabezadas por gente incompetente, ignorante o con perfiles ajenos a las funciones de esas mismas dependencias.
Ciertamente, la reforma a la Ley Federal del Trabajo prevé un mecanismo de selección de conciliadores por concurso, lo que aspira a generar un primer candado ante la práctica señalada. Sin embargo, una de las especialidades de la vida institucional mexicana es la capacidad de dar la vuelta a cualquier candado de cualquier manera posible. Incluso a nivel federal se ha sabido cómo se venden los exámenes de concurso para ser juez, amén de los problemas de nepotismo que en el poder judicial federal han existido por años y años. Si bien los Centros de Conciliación son organismos descentralizados, el solo hecho de que lo sean no asegura que vayan a ser ajenos a este tipo de dinámicas.
Por otro lado, las reglas de los concursos para seleccionar al personal conciliador podrían dar lugar a la lucha en tribunales para que los resultados o el proceso mismo sea respetado, pero este escenario tampoco abonaría ni a la credibilidad ni a la fortaleza de los Centros de Conciliación.
En suma, es difícil pensar que los Centros de Conciliación sean capaces de eludir esta triste tradición mexicana, y por ello es dudoso que al final los conciliadores elegidos sean capaces de llevar a cabo sus funciones de la mejor manera posible. Si esto ocurre, los defensores de trabajadores terminarán a la larga por ver al procedimiento conciliatorio como una mera formalidad (como ocurre muchas veces ahora), una aduana que hay que atravesar pero a la que no se toma con seriedad.
(la visión optimista llega en el siguiente texto).
[Publicado originalmente el 29 de junio de 2020 aquí]