Es prácticamente la mitad del sexenio de López Obrador. En lo personal, voté por él (me resultaba más inadmisible votar por los otros partidos políticos, anular mi voto o abstenerme) pero su administración no deja de decepcionarme día tras día. Sin embargo, hay que reconocer que en la materia laboral este sexenio quizá esté entregando algunas de sus mejores cuentas. Veamos.
En primer lugar, la recuperación del salario mínimo ha sido notable en relación a los sexenios anteriores de este siglo. De acuerdo a la OIT, junto con Haití y Jamaica, México tenía el peor salario mínimo del continente al iniciar el sexenio. Ante todo, esa baja obedecía al modelo económico consolidado a partir de la vigencia del TLC en 1994 que hizo de nuestro país uno cuyo atractivo en el mercado internacional eran sus bajos salarios. Pero el modelo era -y sigue siendo- insostenible, pues alienta la concentración de la riqueza en pocas manos y ahonda una desigualdad económica que solo se atempera gracias a las remesas y a la amplitud de nuestro mercado informal. Por ello, los aumentos de dos dígitos porcentuales que se han dado en este rubro son sin duda una buena noticia. Es indispensable subir el piso mínimo de ingresos de todas las personas.
Otra buena noticia ha sido la reforma a la ley laboral en materia de outsourcing y el paralelo combate fiscal a las empresas factureras y/o cascarón, que habían llegado a operar ya con excesos también intolerables. El hecho de que, por ejemplo, todos los bancos “migraran” al 77% de sus plantillas (unas 92 mil personas) de empresas de outsourcing o insourcing a la empresa principal es sin duda una buena noticia, pues de este modo se reducirá la evasión patronal de sus obligaciones y las personas trabajadoras tendrán acceso más fácilmente a las utilidades (millonarias en este caso) de sus empleadores. Muchas otras empresas (sobre todo las grandes y medianas) han seguido esos pasos, lo que podrá reducir la informalidad y facilitar la defensa de los derechos laborales como lo ha mencionado recientemente el economista del Banco Interamericano de Desarrollo David Kaplan.
En tercer lugar, la reforma laboral por la que transita México (impulsada desde las modificaciones constitucionales hechas en el sexenio de Peña Nieto, ojo) también permite tener un cierto grado de optimismo en cuanto a que, al menos, se está intentando dejar atrás al sindicalismo blanco y a los contratos de protección que tanto daño le han hecho a la clase trabajadora. Son vicios tan arraigados (y tan lucrativos para unas cuantas personas) en nuestro mundo laboral, que no bastan modificaciones legales para desterrarlos. Habrá que ver si la operatividad de las nuevas instituciones (Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical y los tribunales laborales, tanto estatales como federales) están a la altura del reto, pero me parece que en general la sacudida de nuestra institucionalidad laboral ya era indispensable.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el mundo laboral. Quizá los principales retrocesos se han dado para las personas que laboran directa o indirectamente para el gobierno federal y muchos estatales, pues en este ámbito abundan los ejemplos de que la arbitrariedad sigue siendo la norma. Ahí está el caso de la huelga de notimex, que apunta ya para casi dos años y en donde su directora sigue gastando el presupuesto de la agencia como si estuviese operando y sigue amedrentando a sus trabajadorxs, mientras el pasivo laboral de la agencia acumula millones y millones de pesos. En este escenario se ha llegado al ridículo de que la CNDH pida medidas de protección para la directora de una agencia que no solo ha mostrado intransigencia, sino que ha utilizado recursos públicos para atacar mediáticamente a quien le incomoda. Si México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, es en parte gracias a que desde el gobierno se solapan o alientan este tipo de ataques. Una vergüenza.
Pero el de notimex está lejos de ser un caso aislado. Durante la pandemia, el drama que ha vivido el personal médico es mayúsculo. Ningún otro país en el mundo ha padecido tantas muertes como México de su personal médico: alrededor de 4 mil trabajadorxs de la salud a mediados de 2021. Tantos fallecimientos se explican a partir de la falta de insumos médicos y de la mala organización de nuestras instituciones de salud.
Los casos siguen y siguen: en Pemex hay más accidentes que nunca, la subcontratación no cesa en el gobierno federal, se deja a los funcionarios sin computadora para trabajar (o se les pide que pongan la suya) y en general todo lo que se exige a los patrones particulares en materia laboral es ignorado por las propias autoridades. Candil de la calle, oscuridad de la casa.
El problema con todo lo anterior no solo es laboral: al maltratar laboralmente a tantas personas, el gobierno federal provoca que su capacidad de operación y su respuesta ante los problemas se reduzca. Al final, todes terminamos padeciendo esas desafortunadas decisiones en la formas de servicios mal impartidos. Todes perdemos.
Otra área de resultados bastante pobres es la concerniente a uno de los programas insignia de esta administración: jóvenes construyendo el futuro. Aunque recientemente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sostuvo que “los egresados del programa tienen el doble de probabilidad de encontrar trabajo comparado con aquellos que no están en el programa (46.2% vs 23.6%). Es decir, 5 cada 10 jóvenes que pasan por el programa encontraron trabajo durante la pandemia”, su optimismo no es compartido por otras dependencias como el CONEVAL o la Auditoría Superior de la Federación, quien incluso señaló que del universo total de jóvenes becados en 2019, sólo 0.8% consiguió trabajo. Como lo ha mostrado la periodista Nayeli Roldán, el programa (contrario a su objetivo) no priorizó las zonas más violentas o de mayor marginación para operar, y menos de la mitad de los jóvenes concluyen con su “beca”; por si fuera poco, el gobierno federal cuenta con 322 mil “becarios”, lo que en los hechos implica que se apoya para realizar sus funciones en estos jóvenes, abaratando así sus costos pero al mismo tiempo erosionando la capacidad operativa de las instituciones. El programa es tan ambicioso que múltiples dinámicas en su interior subsisten al mismo tiempo, pero hasta ahora es claro que la Secretaría del Trabajo (la encargada de su andar) no tiene modo de evaluar sus efectos.
Por si fuera poco, de acuerdo al CONEVAL la pobreza laboral (entendida como “el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria”) al segundo trimestre de 2021 es de 38.5% de la población. Este porcentaje es inferior al 44.3% existente en el tercer trimestre de 2020 cuando los efectos económicos negativos de la pandemia estaban en su apogeo. A medida que la vacunación avanza la economía se va recuperando, pero este índice de pobreza laboral sigue siendo altísimo: a casi 39 de cada 100 mexicanos que tienen un ingreso laboral no les alcanza para cubrir la canasta básica. Aunque la crisis económica vinculada con el coronavirus resultó inevitable, lo que escasearon fueron las políticas públicas especiales para paliar el desempleo o ayudar a las micro y pequeñas empresas a sobrevivir la crisis. Y en esto último el gobierno sí tiene una responsabilidad importante.
Este breve recuento (desde luego incompleto) es una buena muestra de las contradicciones que parecen ser la marca de la casa en este sexenio. Tres notas me parece resumen bien estas contradicciones:
1. Uno de los tramos del llamado “Tren Maya” está siendo construido por Carso, la empresa de Carlos Slim, quien desde el inicio de su obra firmó un contrato de protección con la CTM. Si bien en ese momento aun no entraba en vigor la primera fase de la reforma laboral, la existencia de un megaproyecto de tales dimensiones y ambición es un mensaje en sí mismo. Entre las muchas señales que manda (desprecio por escuchar a las comunidades originarias, desinterés por el medio ambiente, impulso de un modelo de “desarrollo” generador de suculentos beneficios para un puñado de grupos empresariales como ha ocurrido en Cancún, etc.) está la laboral: que ganen las macroempresas y los líderes sindicales de siempre, mientras las condiciones de quienes trabajan importan poco.
2. Por otro lado, si bien ya se ratificó el convenio 189 de la OIT para trabajadoras del hogar y se modificó el capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo dedicado a ellas (hablo de “ellas” pues las mujeres son alrededor del 90% de quienes conforman este grupo laboral, muchas de ellas racializadas, además), hasta junio de 2021 apenas 33 mil de esta clase de trabajadoras han sido afiliadas ante el IMSS de un universo de dos millones y medio de personas, lo que implica que solo el 1.3% se han formalizado en ese tenor: las leyes cambian pero la realidad no mucho.
3. El 30 de septiembre el IMSS anunció que “firmó con las plataformas digitales de servicios de transporte de pasajeros y distribución de alimentos Beat, DiDi, Rappi y Uber convenios para difundir y promover la participación de usuarios conductores y de usuarios repartidores en la Prueba piloto para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras independientes”. Este anuncio, sin embargo, representa una victoria pírrica para quienes trabajan en esas plataformas: por un lado, el IMSS avala que no se trata de personas trabajadoras subordinadas o con las protecciones previstas por la Ley Federal del Trabajo y, por el otro lado, se arroja a esas mismas personas la carga de pagar sus propias aportaciones de seguridad social. El esquema propuesto por el IMSS termina por consolidar la precariedad de quienes laboran en plataformas digitales, lo que va a contrapelo de una tendencia mundial por reconocer a estas personas como auténticas trabajadoras.
Como lo muestran estos tres ejemplos, al final de cuentas y a pesar de las buenas noticias existentes, parece que los ganones siguen siendo los mismos de siempre.