Este 2023 ha sido un año atípico para el sistema de justicia mexicano: por primera vez en este siglo, miles de personas que laboran en el poder judicial federal (PJF) hicieron un paro de 2 semanas ante el embate del poder ejecutivo federal y su partido político para desaparecer unos fideicomisos manejados hasta ahora por el PJF. Luego, un ministro de la Suprema Corte renunció a su cargo para unirse a la precampaña de la candidata presidencial del mismo partido en el poder.
En ambos casos, las personas afines a Morena afirman que pretenden erradicar los privilegios y la corrupción del PJF y luchar por un poder judicial que sirva a las personas más vulnerables y necesitadas.
¿Será ese su verdadero objetivo? Para tratar de responder esto, quiero hablar del derecho social y de clases por antonomasia, el derecho del trabajo. Si hay una rama del derecho creada para defender a las personas más necesitadas y vulnerables es precisamente el derecho laboral, por lo que quiero analizar aquí cómo funciona el derecho laboral en la Ciudad de México, el bastión de Morena y donde sus principales dirigentes (el presidente y dos de sus precandidatos presidenciales) han gobernado durante todo el siglo XXI.
Hay que aclarar que actualmente coexisten dos sistemas de impartición de justicia laboral (hablando del sector privado, en donde labora la mayor parte de la población), pues tras la reforma constitucional de 2017 (encabezada por el PRI) y las reformas legales de 2019 (ya impulsadas por Morena) hay un sistema nuevo que empezó a funcionar escalonadamente en 2020 y que hoy ya opera en todo el país.
Empecemos con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Esta institución ya no recibe asuntos nuevos desde hace un año, y a pesar de eso cuenta con un atraso de más de cien mil juicios. No solo eso: el año pasado despidieron a decenas de funcionarios para asignar esas plazas a instituciones del nuevo sistema y se comprimió su organización por decreto1 (no porque se hayan solucionado los miles de juicios existentes). Por si fuera poco, este año despidieron injusitificadamente a todas las personas que presidían las Juntas Especiales antes existentes y pusieron mucha gente sin una carrera que justifique su designación. Quienes litigamos ahí sabemos que a la lentitud de siempre, ahora se suma la improvisación y una ignorancia acendrada de las autoridades. Es como andar en un pantano, como lo ha sido por décadas: nunca hubo una intención por brindar una justicia de calidad a la clase trabajadora.
Bueno, pero seguramente el nuevo sistema marcha bien, ¿no? Pues no. En el nuevo sistema hay dos operadores jurídicos institucionales principales: los centros de conciliación y los tribunales laborales. En el caso del Centro de Conciliación de la Ciudad de México, su inicio mismo se dió en un entorno de improvisación: servidores públicos enviados al Centro apenas en los días previos a su apertura; nula capacitación previa al personal; gente contratada por honorarios (es decir, violándose sus derechos laborales) o incluso sin tener clara su situación laboral. En resumidas cuentas, un desastre a pesar de que tuvieron 3 años para prepararse, en donde incluso tuvieron que quitar recursos a la Junta Local para poder iniciar sus funciones. La situación ha mejorado muy poco: quienes hemos tenido la oportunidad de celebrar audiencias conciliatorias en ese Centro hemos podido constatar una y otra vez la poca capacidad existente para fungir como una instancia conciliatoria eficaz y confiable. Esta desatinada función ha provocado que miles de conflictos no se arreglen y terminen saturando a los nuevos tribunales laborales.
En la Ciudad de México operan 9 tribunales laborales locales, uno de ellos en materia colectivo y ocho en materia individual. De acuerdo a las estadísticas compartidas por el doctor Manuel Fuentes, en su primer año de labores estos Tribunales acumulan ya más de 12,159 juicios a cuestas y apenas han emitido sentencia en 294 de ellos. Más allá de las estadísticas, quienes litigamos en esos tribunales sabemos que ya cualquier promoción tarda meses en ser acordada y que los tiempos previstos por la Ley Federal del Trabajo parecen utópicos. En apenas un año, los nuevos tribunales presentan un atraso igual o peor al de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Si se compara esa situación con la de los tribunales laborales federales de la misma Ciudad de México, la situación se vuelve más dramática: en el caso de la Justicia Federal han sido tramitados 5,829 asuntos individuales al 20 de diciembre de 2023 y 2,364 colectivos (en donde se tramitan los conflictos colectivos de todo el país y por ello la comparativa se vuelve complicada). Si nos centramos a los asuntos individuales y tomamos en cuenta que ya hay 15 tribunales laborales (casi el doble de los ocho que hay a nivel local), tenemos que en promedio los tribunales federales tramitan 388.60 asuntos y los tribunales locales 1,519.87. El abandono de la justicia laboral local es notorio.
Aun más difícil sería analizar la calidad de las sentencias y decisiones de los tribunales, algo que requiere de un esfuerzo y tiempo del que carezco. Lo que quiero subrayar con este breve contexto es que, al menos en la Ciudad de México, es bastante notorio que en los hechos los sistemas de impartición de justicia laboral locales son una burla a la clase trabajadora. Tanto en la vieja Junta Local de Conciliación y Arbitraje como en los nuevos tribunales laborales y el Centro de Conciliación el mensaje es claro: ni hay presupuesto decoroso para la operación de las instituciones ni hay tampoco procesos de designación de personal o capacitación que permitan esperar un funcionamiento óptimo. Como suele ocurrir, hay personas que lo dan todo por las instituciones, pero los esfuerzos individuales son del todo insuficientes ante un panorama tan desolador.
Con este botón de muestra quiero recalcar cómo el discurso presidencial y partidista de Morena en términos del sistema de justicia es solo eso: un discurso. Nada indica que a Morena como partido político le interese generar un sistema de justicia confiable y eficaz, ni siquiera para las clases vulnerables que supuestamente son el eje de sus políticas públicas. Digámoslo con claridad para no llamarnos a engaños: lo que Morena pretende es controlar a los poderes judiciales, no brindar justicia al “pueblo”.
1Algo similar ocurrió en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (dependiente del Poder Ejecutivo Federal, es decir, de Morena), en donde a pesar de existir alrededor de 500 mil juicios pendientes, ya se han empezado a desaparecer varias Juntas Especiales.