El acelerado tránsito de muchas actividades jurisdiccionales al entorno digital (bueno, en México no tan acelerado) ha avivado las especulaciones sobre el impacto que los desarrollos tecnológicos en materia de inteligencia artificial pueden tener en el sector judicial. En este sentido, la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de una modificación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (art. 73 fracción II) según la cual TODOS los órganos judiciales de nuestro país estarán obligados a hacer públicas sus sentencias puede representar el resorte principal para que en nuestro país aquellas especulaciones dejen de ser etéreas. Me explico.
Hablando en términos muy generales, lo que hasta hoy conocemos como inteligencia artificial tiene como cimiento el manejo de bases de datos gigantescas que pueden ser procesadas como ningún ser humano podría hacerlo. Este procesamiento de “big data” permite encontrar patrones, secuencias y correlaciones que de otro modo difícilmente estarían al alcance de una persona (o lo estarían mediante el esfuerzo descomunal de cientos de individuos trabajando en conjunto), lo que a su vez permite hallar resultados difícilmente alcanzables por otros caminos. No es que las computadoras piensen, sino que manejan demasiada información.
Esos dos pilares de la inteligencia artificial (incontables datos y procesamiento potente) no están al alcance de cualquier persona, por lo que hasta ahora solo los gigantes digitales como Google, Facebook, Amazon, Apple o Microsoft (por hablar solo de las compañías occidentales y sus cientos de ramificaciones) o gobiernos como el de Estados Unidos o China (y algunos de sus centros de estudio o universidades) lideran el sector. No es que solo ellos puedan hacerlo, sino que ellos tienen las mejores herramientas para hacerlo.
En el ámbito legal, desde 2016 unos investigadores de Inglaterra y Estados unidos desarrollaron un sistema que usa inteligencia artificial y consiguieron predecir con un 79% de efectividad algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo. Para hacerlo analizaron “sólo” 584 casos relacionados con tres artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos de acuerdo a lo que se lee en este texto. En el mismo tenor, son cada vez más las plataformas norteamericanas que predicen o analizan el quehacer jurisdiccional de su país.
En México eso ha sido sumamente difícil de llevar a cabo, básicamente, por la falta de información. Pero esto puede cambiar con la modificación legal señalada al inicio de este texto. Desde luego, falta que la publicidad de las sentencias se materialice si se atiende al hecho de que todos los niveles de gobierno en nuestro país (federal, estatal y municipal así como organismos autónomos) se siguen resistiendo en gran medida a cumplir con sus obligaciones de transparencia. Sin embargo, asumiendo que dentro de pocos años eso sea una realidad, ese cúmulo de sentencias pueden permitir el análisis mediante sistemas de inteligencia artificial de nuestra justicia (incluyendo la materia laboral por supuesto). Así, podrían descubrirse los patrones o sesgos que siguen los juzgadores en sus decisiones y en esa medida predecirlas o “jugar” con ellas de la manera más conveniente al propio interés.
Lo anterior no es sino la puesta al día de lo que ya va ocurriendo en otros países. México, como país consumidor y no hacedor de tecnología, suele limitarse a importar esas herramientas o “soluciones” y adaptarlas, con mayor o menor fortuna, a nuestra realidad. Tristemente, la actual administración federal no tiene prácticamente ningún interés en invertir seriamente en el desarrollo de nuestra ciencia y tecnología, por lo al menos en el corto y mediano plazo que seguiremos siendo colonizados informáticamente por compañías de software extranjeras.
Esto implica, a su vez, que el uso de la inteligencia artificial aplicada al ámbito judicial a partir de los datos que podrán empezar a usarse con las sentencias públicas podría concentrarse en unas pocas manos. ¿Quién podría analizar y predecir resultados judiciales conforme a lo arriba señalado? No serían la mayoría de nuestras universidades públicas, casi todas con problemas financieros y muchas de ellas empantanadas en disputas internas por controlar puestos y presupuestos. No van a ser nuestros propios poderes judiciales, enfrascados en dinámicas similares a las de las universidades. Fuera de la UNAM, solo algunas instituciones privadas (ITAM, Tec de Monterrey, por ejemplo) podrían dar pasos en ese camino. Definitivamente, las compañías norteamericanas que ya se dedican a esto podrían expandirse al mercado mexicano. Quizá alguna ONG lo intente, pero al final el conocimiento suele concentrarse en las mismas manos.
Lo mejor sería que varias instituciones públicas mexicanas percibieran la importancia de este tema para que empezaran a trabajar en él. La transparencia de las sentencias de todos nuestros tribunales puede ser una mina de oro en términos de información y conocimiento, toda una palanca de cambio. Pero como pasa con esos metales preciosos, quienes los explotan no suelen hacerlo pensando en el bien común, sino para privatizar sus beneficios. Ojalá que no sea así.
[Publicado originalmente el 02 de agosto de 2020 aquí]