En Inglaterra, desde mediados de la segunda década de este siglo se inició un ambicioso proyecto a fin de digitalizar gran parte de sus sistemas de justicia. El proyecto abarca tanto la justicia penal como la civil (en donde se incluyen problemas laborales) y se está destinando a ello un billón de libras, es decir, muchísimo dinero. A manera de ejemplo, podemos mencionar en materia penal la construcción de una plataforma única de comunicación entre policía, fiscalía y juzgadores; portales de denuncia; sistemas de gestoría de documentación digital y seguimiento de casos así como video audiencias. En materia civil, han implementado un sistema online de reclamos para asuntos menores a diez mil libras (que solo en el 2018 atendió 25 mil casos) u otro para facilitar las conciliaciones o mediaciones, además de una plataforma para tramitar divorcios en línea, entre muchos otros. En resumidas cuentas, es un proyecto de gran aliento, respaldado con una inversión mayúscula y pensado para desarrollarse en muchos años.
En México, la Ley de Firma Electrónica Avanzada se publicó en 2012, y luego la Ley de Amparo de 2013 previó ya la posibilidad de utilizar firma electrónica avanzada (FIREL) para la presentación de demandas y promociones, posibilidad ésta que representa el mayor esfuerzo judicial existente en el país para digitalizar parte de sus servicios. Así, el Poder Judicial de la Federación empezó a generar su propio sistema informático para permitir el trámite de juicios en línea, aunque todavía su uso sigue siendo minoritario por parte de los usuarios. A la fecha apenas 7 poderes judiciales estatales se han interconectado tecnológicamente al sistema federal además de la Junta Local de la Ciudad de México y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto implica que hasta el más robusto sistema electrónico judicial del país (que, además, está casi acotado a la presentación de documentos y el seguimiento del asunto) está lejos de ser de uso mayoritario.
Fuera de algunos poderes judiciales locales (Baja California, Estado de México y Guanajuato) que cuentan con sus propios sistemas de firmas electrónicas, la mayoría de juzgadores estatales no han transitado hacia alternativas para digitalizar sus actividades. Tanto la falta de inversión como la de voluntad y capacidad de organización y trabajo explican el atraso tecnológico en la impartición de justicia. Ahora, la cereza en el pastel es (i) una inminente y honda recesión económica derivada del descarrilamiento de actividades con motivo del confinamiento por el coronavirus, (ii) una austeridad gubernamental que está impactando todas las esferas administrativas, y (iii) hasta una actitud reacia del ejecutivo federal para invertir en ciencia y tecnología, actitud de la que muchos gobiernos estatales hacen eco.
A este contexto hay que sumar el hecho de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje viven sus últimos momentos, pues incluso este mismo año algunas serán ya reemplazadas por los tribunales laborales adscritos ahora a los poderes judiciales estatales o en su caso al federal. Así, muchas Juntas nadan ya “de a muertito”, esperando sus horas postreras sin inversión alguna de por medio.
Ante todo esto, ¿cómo imaginar siquiera que pueda haber dinero para permitir a las Juntas introducir algunas herramientas tecnológicas que les puedan ayudar a hacer algunas actividades en línea? Tenemos pues el peor de los escenarios: Juntas cerradas sin actividad jurisdiccional por más de dos meses (al menos hasta ahora), una enfermedad que seguirá siendo un peligro por meses o años, un legislativo amodorrado sin muchos deseos de hacer ajustes legislativos que no sean los de complacer al ejecutivo y poco dinero. Entonces, ¿no hay alternativas? En los próximos textos empezaré ya a plantear algunas muy concretas.
[Publicado originalmente el 02 de mayo de 2020 aquí]